Piden al PE acciones judiciales contra los tarifazos

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un proyecto del representante del departamento Las Colonias, Rubén Pirola, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo instruya al Fiscal de Estado de la provincia para que interponga las acciones procesales correspondientes ante los tribunales competentes, tendientes a dejar sin efectos los incrementos desproporcionados de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural.

El legislador pidió en la iniciativa retrotraer el valor de las mismas a los que tenían previo a los aumentos dispuestos por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ENARGAS, ejerciendo la defensa de los intereses tanto de las empresas, instituciones, comercios, como así también de los usuarios residenciales santafesinos, en concordancia a lo efectuado por sus pares gobernadores de otras provincias, como las de San Luis, Chubut y Mendoza.

El senador señala que “mediante la Resolución Nº 06/2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó sobre el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en todo el territorio nacional en el trimestre comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Fue a partir de la presentación que realizó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), argumentando que "el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla".

NUEVOS PRECIOS

Asimismo en fecha 28 de marzo de 2016, el mencionado Ministerio publicó en el Boletín Oficial, las Resoluciones N° 28/2016 y 34/2016, a través de las cuales dispone la implementación de un nuevo cuadro tarifario aplicable a los usuarios y consumidores a lo largo y ancho del territorio argentino, disponiendo de nuevos precios sobre el punto de ingreso al sistema de transporte y también sobre el gas propano destinado a la distribución por redes de dicho gas.

EPE CARA

Que en el caso de la Empresa Provincial de la Energía, la misma incrementó en más de diez oportunidades sus tarifas desde el año 2008. Es decir, que mientras la EPE compraba energía barata subsidiada por el gobierno nacional, nos la vendía cada vez más cara a los santafesinos, ya que no  trasladaba el subsidio por distribución dispuesto por el gobierno nacional a los usuarios de Santa Fe, quienes tuvieron que pagar tarifas sistemáticamente incrementadas desde dicha fecha.

El aumento sostenido de las tarifas de luz permitieron a la EPE un importante crecimiento de los recursos por explotación del servicio en estos ocho años, lo que fue aprovechado por el gobierno para disminuir paulatinamente la transferencia de los aportes del tesoro provincial para el financiamiento de las inversiones y funcionamiento de la empresa en claro desmedro de la calidad del servicio.

AUMENTOS INCONSULTOS

Pirola explicó que “en el caso de las tarifas de gas natural, los nuevos valores del cuadro tarifario superan en porcentajes altísimos las facturaciones anteriores, impactando desfavorablemente en la situación de los usuarios residenciales provinciales, como también de instituciones y organizaciones de la sociedad civil (hospitales, escuelas, clubes, etc).

En el caso de los sectores productivos, industriales y comerciales santafesinos, estos aumentos ponen en riesgo la continuidad de las actividades, ante el incremento desmedido de los costos de producción, con  el inminente peligro de afectar los puestos de trabajo. Cabe observar que estos  incrementos fueron aplicados sin la participación ciudadana mediante Audiencia Pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido, conforme  nuestro ordenamiento jurídico vigente”.

Asimismo debe señalarse que es pública y notoria la reacción y rechazo de la comunidad santafesina y de los sectores productivos ante este aumento desproporcionado en las tarifas de energía eléctrica  y gas natural y la expresión de reclamos y demandas en defensa de la situación de los usuarios y de los actores creadores de riquezas y empleo directo e indirecto en la mayoría de las localidades de la provincia.

ACCIONES JUDICIALES

Ante esta coyuntura, el gobierno provincial no puede permanecer inerte o inactivo y debe asumir decididamente la representación de los intereses  de los habitantes de nuestra provincia como de las industrias y comercios locales que forman parte de su economía, mediante su órgano técnico, la Fiscalía de Estado de la provincia, iniciando las acciones judiciales que correspondan, reclama Pirola.

Es de destacar que gobernadores como los de Chubut, San Luis y Mendoza han asumido la defensa de los intereses de sus ciudadanos y empresas locales mediante acciones judiciales, presentadas a través de sus respectivas Fiscalías de Estado, obteniendo pronunciamientos favorables en las instancias iniciadas