Son 12 establecimientos de gran importancia social y educativa en zonas rurales.

“Es una ley que regula y transparenta el mercado”, sostuvo el legislador. 

 “Está comprobado que este sistema minimiza la posibilidad de condenas erróneas". 

"Sería saludable que no siga", dijeron.

"En Santa Fe privilegiamos el diálogo", dijo el presidente del cuerpo legislativo.