También reclama que se impida el acceso de manifestantes a CABA.

Las acusan de ejecutar una "práctica concertada" para fijar precios de la harina.

La medida del gobierno nacional llega a 4,6 millones de personas.

La medida insta a todas las entidades públicas a volver a la actividad que era habitual.

Por ser un alimento falsificado.