La Justicia le da 5 días para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El fuero Contencioso Administrativo Federal asestó un nuevo golpe a la estrategia financiera de la Casa Rosada.

El juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado N°11, intimó formalmente al Poder Ejecutivo Nacional a que en un plazo perentorio de cinco días hábiles dé "cumplimiento total" a la medida cautelar firme que lo obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

El fallo resolvió que el Estado debe girar los fondos adeudados para la actualización de los salarios de docentes y no docentes -con una pérdida estimada por los gremios de entre el 31,2% y el 32,5%- y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

Multas diarias

La resolución judicial advirtió explícitamente que, en caso de persistir el incumplimiento tras vencerse el plazo, se aplicarán astreintes (multas económicas diarias) contra el Tesoro Nacional por cada jornada de demora.

El derrotero judicial: de la cautelar de origen al aval de la Corte Suprema

La decisión del magistrado responde a una petición impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades gremiales, quienes exigieron la ejecución forzosa de la resolución dictada a finales del año pasado.

La norma, aprobada por el Congreso, había sido suspendida en la práctica por el Gobierno mediante el Decreto 759/2025, en el que se condicionaba su ejecución a la búsqueda de fuentes específicas de financiamiento para resguardar el déficit cero.

Sin embargo, el laberinto judicial posterior terminó por cerrar las vías de escape del Gabinete nacional.

El proceso comenzó cuando el propio juez Cormick otorgó la cautelar original a favor del reclamo universitario, fallo que fue rápidamente apelado por los abogados del Estado.

En marzo de este año, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida al entender que los argumentos presupuestarios oficiales no lograban desacreditar el derecho reclamado por las casas de estudio, advirtiendo además sobre los daños irreparables que sufría la educación pública.

La Casa Rosada intentó frenar el avance del expediente mediante planteos de recusación contra los magistrados y pedidos de excusación dirigidos a los integrantes del Máximo Tribunal.

Tras el rechazo de estas maniobras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario del Estado el 25 de junio pasado, dejando la cautelar firme y otorgando una convalidación clave al reclamo.

Posteriormente, aunque el Ministerio de Capital Humano solicitó levantar la restricción alegando un acta firmada en junio con incrementos parciales, Cormick volvió a rechazar el pedido al comprobar que los arreglos salariales no remediaron de forma definitiva el deterioro acumulado de los ingresos.

Paros rotativos de 23 días y la convocatoria a la Marcha Federal

La intimación judicial se produce en el punto más crítico del conflicto paritario. Luego de que la Secretaría de Educación ratificara en el Palacio Pizzurno una oferta de aumento de tan solo el 3% para septiembre y 3% para octubre, la totalidad de los sindicatos docentes y no docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente al avance inflacionario.

Como respuesta al estancamiento de las negociaciones, gremios como ADUBA y APUBA pusieron en marcha un plan de lucha con paros escalonados y rotativos durante 23 días, afectando el dictado de clases en facultades masivas como Medicina, Derecho, Ingeniería y la red de colegios preuniversitarios, además de hospitales universitarios como el Hospital de Clínicas.

Asimismo, el conjunto de la comunidad universitaria confirmó la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales, programada para el próximo 15 de octubre.