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Mié, 18/11/2026 | 09:45
El Mundo
18.11.2026

La Audiencia Nacional de España admitió la querella contra el cantante

Investigarán a Julio Iglesias por las agresiones sexuales

Es acusado por dos exembajadoras víctimas de delitos contra la libertad sexueal, lesiones y trato degradante.


El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos de sus extrabajadoras, que sostienen que fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante mientras formaban parte del servicio doméstico en sus casas de República Dominicana y Bahamas.

En un auto, el titular del Juzgado Número 6 cita a declarar a las querellantes de forma presencial el día 3 de febrero de 2027 y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, los otros dos delitos a los que apuntaban las que fueran trabajadoras de Iglesias.

La resolución se admite en base a los indicios que se aportan en la querella, en concreto al testimonio de la querellante, que según el magistrado «constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal».

Con la querella, añade el juez, se ofrece prueba testifical, a practicar en el momento procesal oportuno, y documental consistente en una fotografía de una de las querellantes que muestra un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza.

«En la misma fotografía se aprecia sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona, y que la querella indica que son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual», indica.

Para el instructor, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».

El juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de un delito contra la libertad sexual, si bien en este momento inicial no se puede realizar una calificación en relación con la posible prescripción de alguna de esas conductas y, en especial, aquellas que la legislación vigente se calificaba como abuso sexual y que conllevaban una pena inferior a cinco años.

La posible prescripción del maltrato

Piña recuerda que para este tipo de delitos es relevante la declaración de la víctima porque se realizan en un ámbito de intimidad sin testigos directos de los hechos.

En el caso de los delitos de maltrato y lesiones el juez también indica que habrá que determinar la fecha de su comisión para pronunciarse en su caso sobre una posible prescripción, sin perjuicio de que puedan formar parte de la mecánica comisiva de delitos sancionados con pena superior.

En relación con el primero, analiza la contratación de las dos mujeres y argumenta que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes.

Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, recuerda que no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se cometió el delito, carece de un tipo penal asimilable.

En su auto, el magistrado analiza el conjunto de mensajes intercambiados entre las querellantes y Julio Iglesias y otras dos trabajadoras -en concreto 'house managers'- contra las que inicialmente se presentó la querella en la Fiscalía, pero no en el juzgado.

Con respecto a dichos mensajes, el juez indica que la relación se perpetúa a lo largo de tres años sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido.

«Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad. Ejemplo de ello son las reiteradas felicitaciones de año nuevo, o la persistencia en conocer cómo se encontraban». Esta relación de amistad, indica el auto, se mantuvo hasta el año 2024.

Para el juez, ese tono aparentemente cordial o afectuoso deberá ser contrastado con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes.

«Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones», apostilla.

No declararán como testigos protegidos

En su auto, el instructor rechaza conceder la condición de testigos protegidos a las dos querellantes ni la adopción de la medida de alejamiento puesto que la querella no aporta elemento concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley para la condición de testigo protegido.

En este sentido, indica que la posición de dominio que se atribuye en la querella al cantante no se considera suficiente para presuponer la existencia de una situación de riesgo.

Con carácter previo al análisis de los hechos y su tipificación penal, el magistrado explica que la jurisdicción española es competente en virtud de la nacionalidad española del cantante ya que la ley atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos fuera de territorio nacional por ciudadanos españoles siempre que concurran los presupuesto que se cumplen en este caso.

Ahora bien, el juez apunta que la parte querellante también dispone de la posibilidad de acudir a los tribunales del país donde se cometieron los hechos y añade que no se han puesto de manifiesto circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales de República Dominicana.

En este sentido, indica que la decisión de acudir a la jurisdicción española parece responder a una elección fundada en «razones de oportunidad procesal o conveniencia, aun cuando dicha elección pueda fragmentar el conocimiento de unos hechos que por su naturaleza y la pluralidad de personas que hubieran intervenido en ellos aconsejaría un enjuiciamiento conjunto».

Dudas sobre el alcance de la querella

Para el magistrado, la narración incorpora actuaciones de las dos 'house manager' que, de resultar acreditadas, podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual y cuya eventual responsabilidad penal no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido.

En este punto, Piña se pregunta por el motivo de no presentar querella contra estas dos personas, pese al relato fáctico que les atribuye conductas potencialmente delictivas.

«La respuesta parece encontrarse en las limitaciones que presenta la jurisdicción española para extender su conocimiento a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional. Mientras que la nacionalidad española del Sr. Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa», señala.

En definitiva, concluye el juez Piña, el principio de territorialidad ofrece, en el presente supuesto, un marco jurisdiccional potencialmente más adecuado para garantizar una investigación completa, coherente y unitaria de los hechos, al permitir extender el procedimiento a la totalidad de las personas presuntamente implicadas y evitar la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de confirmarse, debería ser objeto de una valoración conjunta.

Fuente: ABC

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