Y fijan mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector
El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad
La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
El Senado sancionó este jueves por la tarde una nueva ley de discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año.
La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.
Reglas estables
“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante.
“No es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado, antes que se dictaminara el texto.
Faltan cosas por hacer
“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS.
En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.
Desde Convicción Federal, el ahora exkirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.




