El Gobierno dio de baja 83 mil pensiones por invalidez
Dicen que fue para "depurar el padrón".
Martes, 13 de junio de 2017
El recorte se exhibe en menores pensiones otorgadas y mayores bajas por supuestas irregularidades, las cuales en un 40 por ciento de los casos debieron ser dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA). Sin embargo, los afectados debieron esperar más de seis meses en promedio para que les restablecieran el subsidio.
INCONPATIBILIDADES
“Las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”, fue la respuesta oficial de Desarrollo Social a través de un comunicado emitido ayer, el cual reconoce que en 2016 dieron de baja 90.000 pensiones.
En lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. Esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables.
SIN AVISO
En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión. Desarrollo Social no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la situación patrimonial. A la vez, desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.
CAUSAS
Entre las causas que aduce la Comisión para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión.
Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar “como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo”. Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta.
