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Jue, 19/11/2026 | 18:49
El Mundo
19.11.2026

Fallo histórico sin precedentes para la región

La Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar culpable de genocidio

El máximo tribunal de la ONU ordenó reparar a las víctimas y juzgar a los culpables de las matanzas de 2017.


En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia declaró este jueves a Myanmar (antigua Birmania) responsable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá en 2017, marcando la primera vez que el máximo tribunal de la ONU atribuye formalmente este crimen a un Estado.

Con base en las pruebas presentadas, el tribunal estimó que alrededor de 10.000 rohinyás perdieron la vida en el marco de las denominadas operaciones de limpieza.

Myanmar cometió genocidio

"La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", afirmó el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa, reportó DW y supo Noticias Argentinas.

Iwasawa ordenó a Myanmar indemnizar a su minoría rohinyá tras la brutal represión de 2017 por "los daños causados por las violaciones de sus obligaciones (…) en la medida en que dichos daños no queden reparados mediante restitución".

Identificar a a los responsables

El máximo tribunal de la ONU también ha solicitado una investigación para identificar a los responsables de facilitar el genocidio, con el fin de procesar y castigar a las personas implicadas cuando proceda.

Reconocimiento histórico

En respuesta al fallo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, señaló: "Este es el hallazgo inequívoco de la Corte Internacional de Justicia. Tras años de negación, impunidad y ocultación de la verdad, esta decisión es un reconocimiento histórico y con autoridad de las atrocidades cometidas contra los rohinyá y un raro momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias".

Justicia internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción la sentencia como un “poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio. Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”.

Las operaciones de limpieza de 2017 provocaron una condena internacional generalizada después de que unos 700 000 rohinyá huyeran del norte del estado de Rakáin cruzando la frontera hacia Bangladés”, indicó la ONU.

Medidas de reparación

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó a las autoridades birmanas permitir y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, así como garantizar la reunificación de las familias separadas.

Los también exigieron a Birmania devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.

Además, la CIJ ordena a Birmania indemnizar a la comunidad rohinyá ya sus miembros por aquellos daños que no puedan repararse mediante estas medidas de restitución, como la devolución de sus propiedades.

En cuanto a la investigación de los crímenes, la Corte ordenó al Estado birmano adoptar medidas "inmediatas y efectivas" para investigar a todas las personas sobre las que existen sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.

"Garantías de no repetición"

El tribunal también exigió a Birmania aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer "garantías de no repetición" para impedir que se produzcan violaciones similares en el futuro.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.

La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohinyá, una minoría musulmana que lleva décadas a la discriminación y restricciones de derechos en Birmania.

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